El Ministerio de Hacienda emitió un informe de sustentabilidad financiera según el cual el instrumento colapsará en siete años, aunque organismos replican que el cálculo fue realizado de manera imprecisa.

La Alianza Chilena de Agrupaciones de Pacientes advirtió que la mayor parte de los recursos de la Ley Ricarte Soto se encuentran invertidos en el mercado financiero y no están siendo destinados a dar cobertura a pacientes de enfermedades de alto costo y poco frecuentes.

Dichos montos ascendieron, al 31 de junio de este año, a 235 mil millones de pesos, casi el doble del presupuesto ejecutado el 2020 (el de mayor gasto fiscal), y más de tres veces el promedio de dicha ejecución desde que la ley entró en vigencia, en 2015 (aproximadamente, 70 mil millones de pesos).

En los primeros dos semestres del año, el fondo rentó a la baja, acumulando pérdidas por $1058 millones. De acuerdo con la Dirección de Presupuesto, los recursos están invertidos en un 19% ($46 mil millones) en fondos mutuos, 47% en depósitos a plazos ($112 mil millones) y bonos del Estado en un 32% ($76 mil millones).

Un informe de sustentabilidad financiera de la Ley, elaborado por la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda durante el primer semestre, pronostica el colapso del fondo en siete años y  determina que es inviable incorporar nuevas enfermedades.

Para las agrupaciones, el reporte se basa en supuestos “imprecisos”, que no consideran aspectos como menores precios por patentes caducadas, la posibilidad de incluir bioequivalentes o el ingreso de nuevos competidores al mercado. Tampoco la disponibilidad de recursos actuales que superan largamente el presupuesto anual de la Ley.

“Los ministerios de Hacienda y Salud dicen que no es posible agregar nuevas enfermedades porque no hay recursos, pero dicha postura se basa en supuestos de sustentabilidad financiera imprecisos. Nuestro llamado es a poder al menos reconsiderar estas proyecciones”, dijo Gonzalo Tobar, presidente de la Alianza, un colectivo que agrupa a quince agrupaciones.

La abogada Andrea Martones, especialista en acceso a la salud, aseguró que la figura de un fondo es positiva para la Ley, pues permite resguardar los recursos no utilizados en un año y evitarla pérdida de valor nominal de los dineros por inflación. Sin embargo, la actual determinación de no utilizar el fondo en los pacientes es al menos cuestionable.

Esta gestión permanece a cargo del Ministerio de Hacienda, mismo organismo que elaboró el reporte de sustentabilidad financiera que apunta al colapso del fondo y la no disponibilidad de recursos.

“La mayor parte de las platas del fondo está invertida en el sistema financiero y no en los pacientes. Estamos de acuerdo en que es bueno que la plata no se pierda y se invierta, pero esto debe tener un racional: que no se pierda nunca el foco de que el objetivo final es entregar tratamiento… No tiene lógica que haya dinero para inyectar a fondos mutuos, pero no para darle a los pacientes. La pregunta entonces es: cuál es el giro, ¿financiar a la banca o salvar vidas? Esa es la dicotomía que enfrenta Hacienda respecto a la Ley Ricarte Soto, mientras Salud es completamente indiferente”, agregó Martones.