Por José Luis Cárdenas, director de Asuntos Corporativos Laboratorio Chile.

La obesidad ha dejado de ser una preocupación estética para consolidarse como la mayor crisis de salud pública del siglo XXI.

Chile se ubica entre los cuatro países con mayor prevalencia de obesidad de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con tasas superiores a países históricamente críticos como EE.UU. o México en algunos segmentos poblacionales.

En este contexto, el debate científico está zanjado: la obesidad no es un fallo de voluntad ni una simple consecuencia de “comer mucho y moverse poco”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) la reconoce como una enfermedad crónica, compleja y multifactorial, resultado de la interacción de variables genéticas, neurobiológicas, conductuales, ambientales y sociales. Su abordaje médico se debe centrar en los mecanismos biológicos y hormonales que regulan el apetito, la saciedad y el gasto energético, en vez de responsabilizar únicamente al paciente por sus hábitos.

Este reconocimiento no sólo transforma la práctica clínica, sino que obliga a los sistemas de salud y a la sociedad a replantear sus políticas y actitudes.

En los últimos años, el campo terapéutico ha experimentado una revolución. Los agonistas del receptor GLP-1, como semaglutida y tirzepatida, han logrado reducciones de peso del 15% al 22%, cifras antes solo alcanzables mediante cirugía bariátrica. Además, estos fármacos aportan beneficios cardiorrenales, reduciendo el riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares.

Sin embargo, el acceso a estos avances sigue siendo limitado en muchos países

de la región, lo que subraya la necesidad de políticas públicas que garanticen equidad en el tratamiento.

Los países que han logrado estabilizar sus tasas han implementado estrategias multisectoriales robustas. Cuentan con regulación estricta, como etiquetado frontal y restricción de publicidad dirigida a menores; políticas fiscales como impuestos a bebidas azucaradas y subsidios a alimentos frescos, y urbanismo activo, con ciudades que promuevan transporte no motorizado y acceso a espacios verdes.

No podemos tratar una enfermedad sistémica con soluciones aisladas. El abordaje integral exige acceso a innovaciones farmacológicas, como los GLP-1 con seguimiento clínico; política pública transformadora que modifique entornos obesogénicos, y cambio cultural que sustituya el juicio por empatía y priorice la salud metabólica.

Sólo una acción coordinada entre gobiernos, sector privado, profesionales de la salud y sociedad civil permitirá revertir la tendencia y proteger la salud de las próximas generaciones.