A juicio de académicos expertos, la futura carta magna chilena debiese incluir la noción de los ecosistemas, no sólo como una cuestión medioambiental, sino como algo intrínsecamente relacionado con la sociedad y el desarrollo económico para asegurar tanto a las generaciones actuales como futuras.

Derechos del agua, protección de la biodiversidad, zonas de sacrificio, mitigación y adaptación a la crisis climática, conservación de ecosistemas, energías limpias y pueblos originarios son algunas de las temáticas que preocupan a la ciudadanía.

La carta magna chilena que está en proceso de redacción  abre el camino a muchas posibilidades que han sido evaluadas por un grupo de científicos nacionales en una reciente publicación científica de la revista Sustainability, donde realizan una serie de recomendaciones que buscan complementar iniciativas de norma para la nueva constitución.

En el trabajo realizado por académicos de la Universidad Católica de Valparaíso, el Centro de Acción Climática, el Laboratorio ECOS, IEB Chile, los centros CERES, CIIR y CAPES de la UC, se explica que los conflictos socioambientales en el país están marcados por profundas desigualdades, tanto en las externalidades negativas como en los beneficios del desarrollo económico.

Es decir, los problemas como desigualdad en el acceso al agua, degradación de los suelos, sobreexplotación de recursos y desplazamiento de comunidades rurales e indígenas están estrechamente vinculados a la normativa constitucional vigente y, por ende, la transferencia de derechos de propiedad sobre tierras y aguas no considera el bien común.

Asimismo, indican que la heterogeneidad de conflictos y las diversas industrias involucradas, sugiere que los conflictos medioambientales responden a un problema sistémico, más que a cuestión particular de cada zona.

Derechos territoriales

De acuerdo con la publicación del Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB), el documento de los académicos sugiere considerar la confección de una Constitución con una perspectiva ecológica, más allá de lo medioambiental, incluyendo los derechos territoriales como un principio crucial para alcanzar justicia socioambiental en Chile.

El texto señala que los derechos territoriales son los derechos soberanos que ejerce el Estado sobre su territorio, que comprende la superficie terrestre, el espacio marítimo y el espacio aéreo. Estos derechos reconocen la heterogeneidad ecosistémica y cultural del país, así como la posibilidad de una jurisdicción local para los temas socioambientales.

Actualmente, se promueven los derechos de la naturaleza para protegerla por su valor intrínseco y por otro lado, los derechos de propiedad, que permiten el desarrollo económico de la sociedad, pero ambos no están conectados. La implementación de derechos territoriales estaría mediando a ambos derechos a través de un sistema que debe considerar el contexto de cada territorio.

Dada la heterogeneidad de ecosistemas a lo largo de Chile sería difícil aplicar los derechos de la naturaleza de forma homogénea en todo el territorio. Por ejemplo, la gestión del agua no puede ser la misma en el norte de Chile (con una disponibilidad de agua de menos de 500 m3 por persona al año) que en el sur de Chile (30.000 m3 por persona al año).

La heterogeneidad también está presente en el clima, los suelos, la biodiversidad y aspectos culturales. Además, se debe tener en cuenta que las industrias en Chile son muy dependientes de los recursos naturales y una restricción general de éstos podría tener un efecto drástico en la economía.

Los científicos afirman que las decisiones no deberían enfocarse únicamente en la protección de los derechos de propiedad privada regulada por la normativa medioambiental, sino en cómo el ejercicio de esos derechos puede afectar al medio ambiente. Es por esto que los derechos territoriales deberían estar consagrados en la nueva constitución y no sólo en una ley, ya que no deberían estar por debajo de la jerarquía de los derechos de propiedad.

Ecosistemas

Según los expertos, la nueva constitución chilena debe considerar los ecosistemas en la administración territorial y su capacidad para sostener actividades económicas, siempre respetando la protección del medio ambiente, la biodiversidad y las funciones ecológicas.

La pérdida de biodiversidad ya no es un problema solo medioambiental, sino que económico, ya que los servicios que entregan los ecosistemas equivalen a 1,8 veces el PNB mundial. De hecho, en 2018, el Foro Económico Mundial (FEM) identificó la pérdida de biodiversidad como uno de los cinco principales riesgos para la economía.  

Además, los autores sugieren establecer derechos territoriales basándose en los límites de las cuencas hidrográficas, que según un reporte nacional elaborado en 2014, ascienden a 129 a lo largo de Chile.

Los límites de las cuencas hidrográficas promueven una perspectiva geográfica desde las montañas a los océanos, respetan el paisaje y la interdependencia de los ecosistemas. Además, es una forma eficiente desde el punto de vista técnico y económico para abordar los problemas del agua, el suelo y la gestión de los recursos.

Así, un ordenamiento territorial sobre la base de cuencas permitiría un uso racional del agua para actividades productivas a la vez que mantendría la conservación de ecosistemas claves, como los humedales.  

En el artículo, los investigadores presentan siete potenciales ecorregiones (Altiplano andino; Desierto de Atacama; Bosque matorral y esclerófilo; Bosque valdiviano; Estepa andina; Bosque sub-antártico, y Campos de hielo patagónicos), concentradas en cinco macrozonas: Norte, Norte-Centro, Central, Centro-Sur y Sur Austral.

Los académicos aseguran que los derechos territoriales como principio estratégico podrían ser la base para el desarrollo sostenible y la justicia social-ambiental en Chile, equilibrando las necesidades de las personas con los límites ambientales y ecológicos.